Amnistía Internacional denuncia que España limita derechos fundamentales como la libertad de expresión y reunión

Patricia Horrillo *

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Imagen de archivo de una manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana (también llamada ‘Ley Mordaza’) el 20 de diciembre de 2014. / Efe

En su último informe 2015/2016, Amnistía Internacional (AI) denuncia que los gobiernos ven la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los ‘valores’ nacionales, y están actuando en consecuencia aplicando medidas represivas. Salil Shetty, secretario general de AI, afirma que “la desacertada reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional ha consistido en reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de hacer de los derechos humanos un insulto”.

Otra de las grandes preocupaciones que se muestran en el informe es la de la falta de compromiso político por acabar con los conflictos existentes e incluso en prevenir los nuevos. Como consecuencia directa de esta dejadez, AI recuerda la extrema situación de los refugiados que huyen de estas zonas para sobrevivir y que se han encontrado con una falta de apoyo absoluto por parte de los países a los que van llegando, aunque estos se hubieran comprometido a asistirles. António Guterres, alto comisionado de la ONU para los refugiados, avisa de que el resultado de esta situación “es una proliferación alarmante de la impredecibilidad y de la impunidad”.

España sigue cercenando derechos y libertades

Nuestro país no sólo no se libra del análisis realizado por Amnistía Internacional en materia de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos sino que la ONG alerta de los mismos aspectos que ya hiciera en el informe del año pasado, aunque mostrando una mayor preocupación por la situación de refugiados y migrantes. Además, advierte de que las nuevas disposiciones legislativas implantadas en julio de 2015 (reforma del Código Penal y creación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’) limitan derechos fundamentales de la ciudadanía como son la libertad de expresión y de reunión pacífica.

AI señala el peligro de dotar a los agentes de policía de la potestad para multar a aquellas personas que les muestren “faltas de respeto”, ya que puede dar lugar a la arbitrariedad producida por valoraciones subjetivas que no están sujetas a una tipificación de auténticos delitos. Asimismo, señala la gravedad de convertir en delito el difundir “imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias”, con lo que pudieran quedar impunes actos de abuso de autoridad que, por miedo a ser multados, posibles testigos no llegaran a registrar con cámaras o dispositivos móviles.

Cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas ya advirtieron del riesgo que suponían estas modificaciones legales algunos meses antes de su entrada en vigor, pero el Gobierno de Mariano Rajoy hizo caso omiso a esta valoración de la ONU, pese a que durante el pasado año se habían reducido ya las manifestaciones contra las medidas de austeridad.

Aunque para muchas personas puede resultar llamativo que se hable de la práctica de torturas en España, lo cierto es que tanto AI como la ONU llevan tiempo avisando sobre la existencia de informes detallados con prácticas de abuso y maltrato a detenidos. Se advierte también sobre la continuidad de la detención en régimen de incomunicación y se sugiere que se modifique la definición de tortura en nuestra legislación.

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Familias de refugiados en Hungría. / Amnistía Internacional

Compromisos incumplidos con los refugiados

El aspecto más preocupante que ofrece el informe sobre la falta de protección de derechos humanos en España es en lo relativo a la situación de los refugiados y migrantes. En la frontera con Marruecos se denunciaron nuevos casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de la policía. Además, se han continuado llevando a cabo las llamadas ‘expulsiones en caliente’ y disponen de informes en los que se denuncia un uso excesivo de la fuerza contra personas que trataban de entrar de forma irregular, lo que produjo al menos 14 muertes en 2014.

Por otro lado, pese a que el gobierno del Partido Popular se comprometió con la Unión Europea para reubicar a 17.000 personas procedentes del conflicto sirio, a día de hoy sólo se ha hecho cargo de 18 refugiados. Una cifra irrisoria que implica una clara despreocupación sobre el estado de emergencia en el que se encuentran estas personas. También hubo un compromiso para reasentar a 854 personas procedentes de diferentes países entre 2014 y 2015, de las cuales sólo 90 han llegado a nuestro país.

Un mundo más “seguro” y menos libre

Amnistía Internacional advierte, en general, sobre una tendencia preocupante en los gobiernos, que cada vez adoptan más medidas y emprenden más ataques contra activistas, abogados y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. “En lugar de reconocer el papel fundamental de estas personas en la sociedad, muchos gobiernos se han propuesto acallar por completo las críticas en su país. Se han saltado sus propias leyes en sus campañas de represión contra la ciudadanía”, ha afirmado Salil Shetty.

La ONG también llama la atención sobre la lentitud o la falta de reacción de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cumple 70 años en un momento crítico en cuanto a la proliferación de conflictos y al recorte en derechos y libertades. De esta forma, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los países miembros de la ONU para que, de forma conjunta, se produzca una refundación de esta institución internacional y que se la dote de las necesarias herramientas para que se pueda llevar a cabo la protección de los derechos fundamentales de una forma efectiva.

(*) Patricia Horrillo es periodista

 

Origen: CuartoPoder.es

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