Las instrucciones de Hacienda de cerrar empresas municipales oculta la pretensión de privatizar servicios públicos

  • El Gobierno en funciones da un paso más en el camino del recorte de servicios públicos a la ciudadanía, denuncian desde CCOO.

La propuesta del Ministerio Hacienda da a entender que los servicios que reciben los ciudadanos, únicamente se han de analizar bajo criterios de rentabilidad puramente económicos y que sean gestionados por empresas privadas, que en muchas ocasiones mantienen vínculos de intereses comunes con el partido político al frente del Gobierno

En los últimos días se ha tenido conocimiento de que recientemente desde el Ministerio de Economía y Hacienda, que dirige el Sr. Montoro, se ha contactado por escrito a ayuntamientos de toda España instando al cierre de algunas empresas municipales que, dependiendo directamente de la corporación local correspondiente, tenían como objetivo la prestación de servicios públicos esenciales a la ciudadanía y que debieran estar garantizados con independencia de residir en grandes ciudades o en los pequeños pueblos que bañan la geografía española.

Desde el Sector de la Administración Local de FSC-CCOO se denuncia que los servicios afectados son tan variados como las escuelas de 0 a 3 años, empresas municipales de transporte, empresas municipales de promoción de la cultura, etc. Servicios que ayudan a ciudadanas y ciudadanos a conciliar su vida familiar y laboral, que garantizan una movilidad dentro del territorio del Estado Español, que permiten fijar población rural favoreciendo un desarrollo económico social, sostenible e igualitario para toda la ciudadanía de forma equilibrada y sostenible. ¿Qué sucederá si localidades como Valencia, Alicante se ven “instadas” a cerrar su empresa municipal de transportes? ¿Qué ocurrirá si Mieres del Camino con menos de 50.000 habitantes pero distribuidos en más de 15 núcleos de población no pueden contar con servicio público de transportes?

Además, se da la circunstancia de que el mismo gobierno que insta al cierre de estas empresas municipales, trata de obstaculizar a aquellos consistorios, como Alzira, que han procedido al cierre integrando dichos servicios en el propio Ayuntamiento (con importantísimos ahorros económicos): pues bien, es el gobierno quien ha impugnado esos procesos; parece que el objetivo no es el gasto, es la privatización. Hacer negocio con los servicios públicos. Los servicios públicos no deben de valorarse bajo parámetros exclusivos de rentabilidad económica, pues cumplen una función social que, una vez más, con este acto, el Gobierno en funciones parece obviar.

Al final, la propuesta del Ministerio de Económica y Hacienda da a entender que los servicios que reciben los ciudadanos, únicamente se han de analizar bajo criterios de rentabilidad puramente económicos y que sean gestionados por empresas privadas, que en muchas ocasiones mantienen vínculos de intereses comunes con el partido político al frente del Gobierno que acaban siendo puertas giratorias para empresas y partidos políticos.

Desde Comisiones Obreras recuerdan que, como bien ha resuelto el Tribunal de Cuentas, la gestión pública es más barata que la gestión privada, con simplemente ahorrarse el beneficio empresarial, y por tanto ¿para qué se dictan y a qué responden, estas instrucciones del Ministerio de Economía y Hacienda? ¿Para favorecer y atender las demandas y derechos de los ciudadanos y ciudadanas o para satisfacer el constante afán de empresas y multinacionales de seguir incrementando sus beneficios a costa de las trabajadoras y trabajadores?

En el sindicato entienden que estas medidas esconden bajo la excusa del “reajuste de déficit público” que, ciudadanos y ciudadanas además de pagar sus impuestos, detraigan, pagando más por los servicios públicos, de sus salarios, los beneficios que en despachos cerrados acuerdan los gobiernos y las empresas.

Pero si quisiéramos centrarnos únicamente en las cuestiones de déficit público, resulta extraño que se castigue únicamente a las corporaciones locales, cuando en su conjunto y tras un importante esfuerzo de los empleados y empleadas púbicas, y de sus equipos de gobierno, no solo no tienen déficit en sus cuentas, sino que arrojan un superávit de casi el 0,5%, frente a un déficit del conjunto de administraciones del 5,2 %.

Y, ¿qué queda para los trabajadores y trabajadoras, empleados y empleadas públicas? pasar a engrosar las listas de desempleo o realizar el mismo trabajo bajo unas condiciones de jornada y salario ínfimos.

Desde CCOO reclaman que “se haga un estudio de viabilidad de los servicios desde el punto de vista social como servicio público y no solo económico, que las ciudadanas y ciudadanos disfruten de unos servicios públicos de calidad, que se mantengan los niveles de empleo y las condiciones laborales en estos servicios, definiéndose el periodo transitorio para ajustar y corregir posibles desviaciones económicas, porque los servicios que son de titularidad pública y gestionados por las administraciones son la garantía que tiene la ciudadanía de que estos sean los servicios más eficientes y que respondan a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, así como ser los garantes de que se cumplen las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores que los gestionan”.

 

Origen: Diario digital Nueva Tribuna

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